Ciudad de México.- Laura Isabel Hernández Pichardo propuso que la Comisión Permanente exhorte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a que garantice la libertad de investigación científica, tecnológica, humanística, innovación y de cátedra, de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La finalidad es que el Estado cumpla con la obligación marcada en la Constitución Política, de garantizar y apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica.
Pide que el Conacyt otorgue los estímulos económicos a todos los investigadores, integrantes del SNI, tanto de centros o instituciones públicas como privadas, sin discriminación laboral, económica, social o cultural, velando por la igualdad de condiciones, de conformidad al cumplimiento de los propósitos para el desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación.
Además, se exhorte a su titular para que en la convocatoria para designar a integrantes de las comisiones dictaminadoras del SNI, se garantice la certidumbre en el proceso a los miembros del Sistema, que sea público y asegure la eficiencia y calidad de la investigación, así como la productividad y contribución al desarrollo científico, tecnológico, social y cultural de México.
La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisis y dictamen.
Refiere que los mil 600 investigadores que laboran en instituciones privadas, representan el 4.6 por ciento del SNI y generan el ocho por ciento de las patentes nacionales, benefician a 38 mil estudiantes de posgrado y a 264 mil de licenciatura, promoviendo las vocaciones científicas en el país, “sin contar que la información producida con recursos públicos se encuentra por ley obligada a publicarse en Acceso Abierto”.
Señala que las reformas de 2021 al Reglamento del SNI contienen desventajas para científicos de instituciones privadas que producen ciencia con recursos públicos; los estímulos para investigadores del sector público quedan sujetos a disponibilidad presupuestal y a convenios sin criterios homogéneos, ni certeza de pago y establecen “condicionantes discriminatorias”.
